Pleito por el circuito de Fórmula 1 en Valencia

Una parte de los terrenos por donde se disputará a partir de 2008 el Gran Premio de Fórmula 1 de Valencia se han convertido en el objeto de un pleito que enfrenta a varios empresarios inmobiliarios con la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH) y con el Ayuntamiento de la ciudad levantina.

La sociedad Fomento y Desarrollo Inmobiliario Mirador al Mar (Fodimam), que agrupa a varios inversores valencianos, ha emprendido una batalla judicial y administrativa para reclamar su supuesto derecho a ser el agente urbanizador de cien mil metros cuadrados ubicados en una de las zonas más cotizadas de Valencia, junto al puerto. Esta sociedad está participada por las promotoras Viviendas Jardín y Jardines de Castalia.

Estos terrenos fueron vendidos al final de 2006 por CLH a un consorcio encabezado por Bancaja. El traspaso del solar, donde hasta ahora existían depósitos de productos petrolíferos, alcanzó los 300 millones de euros. La intención del Ayuntamiento de Valencia es urbanizar ese terreno por el que, una vez al año, pasará el Gran Premio de Europa de la Fórmula 1.
La historia se remonta a 1998, mucho antes de que se planteara la celebración de esa carrera en Valencia.

Los empresarios alegan que tenían un acuerdo con CLH para ir de la mano en el cambio de uso de los terrenos. En esa zona se convocó el concurso para adjudicar un Plan de Actuación Integrada (PAI), al que se presentaron Viviendas Jardín, Fogibam –detrás de la cual está la castellonense Jardines de Castalia– y otra sociedad, Naydesa. Las dos primeras acabaron uniéndose en una propuesta, que tenía un acuerdo con CLH para hacerse cargo de la urbanización de la zona a cambio de un 35% de participación en el negocio generado.

PAI no resuelto
Pero el Ayuntamiento nunca adjudicó esa urbanización y, porteriormente, CLH vendió el año pasado los terrenos. Entretanto, los empresarios han recurrido la no adjudicación por parte del consistorio y, como consecuencia, quieren hacer valer el acuerdo que en su día firmaron con CLH.

La empresa de almacenamiento y transporte de carburantes asegura que ese pacto estaba condicionado a que el Ayuntamiento de Valencia designara agente urbanizador a Fomento y Desarrollo Inmobiliario Mirador al Mar. El consistorio que preside Rita Barberá rechazó la propuesta de esa sociedad en 2004 y CLH se sintió libre para llegar a un pacto con el Ayuntamiento en septiembre de 2005 para desmantelar sus instalaciones.

Después, inició el proceso de venta de los terrenos al mejor postor. Al final, fueron adquiridos por Acinelav Inversiones 2006, sociedad en la que participa Actura –filial inmobiliaria de Bancaja–, además de Lidón –del grupo Lubasa–, Construcciones Valencia Constitución, Kiraly –formada por Gesfesa, Pavasal y Arborea–, además de Salvador Vila y la sociedad Gestión de Suelo.

Dos frentes
Para defender sus intereses, Fomento y Desarrollo Inmobiliario Mirador al Mar ha abierto dos frentes. Esta sociedad denunció ante la Justicia a CLH por vender los terrenos y saltarse su supuesto acuerdo y, por otro lado, ha recurrido contra la decisión del Ayuntamiento de Valencia de negarle la condición de agente urbanizador de la zona.

CLH decidió provisionar sesenta millones de euros en sus cuentas de 2006 por el posible perjucio que podría surgir del pleito. Los demandantes creen que el valor económico de su derecho a urbanizar la zona duplica esa cantidad.

Por el momento, los esfuerzos de Fomento y Desarrollo Inmobiliario Mirador al Mar han sido infructuosos. Un juzgado de Primera Instancia –en julio del año pasado– y la Audiencia Provincial de Valencia han rechazado sus pretensiones, por lo que la sociedad ha decidido apelar al Tribunal Supremo. Tampoco ha avanzado su recurso ante el Ayuntamiento, aunque todavía no hay designado un nuevo agente urbanizador.

La sentencia de la Audiencia Provincial, del pasado 11 de abril, dice que el acuerdo entre ambos estaba condicionado a “que el Ayuntamiento de Valencia hubiera designado a Fodiman como agente urbanizador, siendo, por tanto, la falta de aceptación de la corporación local la que provoca la extinción de la relación jurídica entre CLH y Fodimam”.

Bancaja en la Fórmula 1
Bancaja está participando activamente en la preparación del evento automovilístico en la ciudad del Turia. La entidad de ahorros valenciana también forma parte del consorcio organizador de la prueba de Fórmula 1. Concretamente, tiene el 33% de Valmor Sport, la sociedad que se ha creado para encargarse de la organización y la explotación del campeonato. La compañía está presidida por Fernando Roig, presidente de Pamesa y del Villarreal CF.

Valmor Sport deberá abonar un canon anual de 26 millones de euros a Formula One Administrations, la empresa de Bernie Ecclestone.

El suelo de la discordia
· 1984. CLH adquiere unos depósitos cerca del Puerto de Valencia, que habían pertenecido a Campsa.
· 1997. El Ayuntamiento reordena la actuación Valencia–Balcón al Mar, por lo que los depósitos quedan en terreno “urbanizable no programado”.

· 1999. CLH acuerda apoyar a Fogibam –que luego se convertiría en Fodimam al unirse a Viviendas Jardín– como agente urbanizador si el Ayuntamiento la selecciona.

· 2004. El Ayuntamiento rechaza todas las alternativas para el PAI. Fodimam interpone recurso de reposición.

· 2005. Fodimam inicia los procesos en los tribunales, tanto administrativos como ordinarios, contra Ayuntamiento y CLH.

· 2007. Tras perder en primera instancia y en la Audiencia Provincial, Fodimam lleva al Supremo el pleito con CLH.

CLH espera la victoria judicial
Luis Valero, secretario del consejo de administración de la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH), considera que las pretensiones de la sociedad Fomento y Desarrollo Inmobiliario Mirador al Mar no tienen posibilidades de prosperar. “Las relaciones que hubo entre CLH y este grupo tenían como condición que éste fuera designado agente urbanizador por el Ayuntamiento de Valencia de los terrenos en disputa, de acuerdo con las características que establece la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística de la Comunidad de Valencia”, explica Valero.

“Al no lograr esa designación, CLH consideró que no existía ninguna vinculación con este grupo de desarrollo inmobiliario, y optó por solicitar varias ofertas de compra y vender los terrenos. Tanto la primera sentencia del Juzgado de 1ª Instancia, como la sentencia de la Audiencia Provincial dan la razón a CLH. No obstante, por criterios de prudencia, en las cuentas de CLH de 2006 se provisionaron sesenta millones de euros por si se producía algún perjuicio en el trámite judicial”.

Pese a que la sociedad inmobiliaria ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo, CLH estudia revertir la citada provisión, “ya que la sentencia de la Audiencia Provincial da la razón a CLH y reduce las posibilidades de un resultado adverso”, explica el secretario de la empresa logística. Al final de 2007, CLH espera haber concluido el desmantelamiento de sus instalaciones en los terrenos traspasados.

Los demandantes atacan al Ayuntamiento
“El pleito importante es con el Ayuntamiento, el de CLH es subsidiario”, asegura Adolfo Prieto, propietario de la inmobiliaria Viviendas Jardín, que participa en la sociedad que ha demandado a CLH. Prieto alega que en su momento, el consistorio valenciano no adjudicó la urbanización del PAI a su sociedad por no contar con los informes técnicos necesarios, pero él asegura que todos los informes son favorables.

“Nos unimos a Fodimam y presentamos una alternativa juntos, y la otra sociedad se retiró, por lo que éramos los únicos que aspirábamos”, añade. Explica que incluso en aquellos momentos ofrecieron a Cisa –filial de Bancaja– la posibilidad de unirse a ellos para optar a participar como agente urbanizador. “Lo estuvieron estudiando,pero al final no participaron”.Prieto considera que, al no haberse resuelto ese contencioso con el Ayuntamiento, no se puede dar por cerrado el acuerdo que tenían con CLH, ya que todavía existe la posibilidad de que su sociedad sea designada agente urbanizador de los terrenos.”Tenía que estar para la Copa America, y aun no está”, añade.

Tras perder en primera instancia y en la Audiencia Provincial, esta sociedad ha llevado el caso al Supremo. En el caso de que el alto tribunal les diera la razón, afirma que pedirán que se anule la venta de los terrenos, que se efectuó el año pasado por 300 millones.